Rechazando “paralizaciones”: Colegio de Coquimbo pide a apoderados que apoyen declaración



Un documento, difundido durante el proceso de matrícula en el Colegio San Lorenzo, generó preocupación entre los padres del establecimiento, ya que, junto con pedir sumarse al repudio por eventuales delitos que se puedan cometer, por parte de los estudiantes, se pedía rechazar “cualquier tipo de paralización” de actividades.

Coquimbo. – Extrañeza y preocupación, eso fue lo que generó la difusión y circulación de una propuesta de declaración emitida por el Colegio San Lorenzo de la comuna de Coquimbo, durante el proceso de admisión y matrícula para el año 2020.

En el documento se proponía una “declaración especial de apoyo al proyecto educativo” con un férreo rechazo a delitos, a los cuales por ley ya se está obligado a denunciar, sumado a la frase “rechazo a que mi pupilo/a paralice de cualquier manera las normales actividades el establecimiento educacional (…)”.

Precisamente, fue esta oración la que generó más suspicacias entre algunos de los padres que participaban del proceso de matrícula, como la apoderada de iniciales V.C.D. quien manteniendo su identidad en reserva relató que se percató del hecho a través de su marido a quien “le dijeron que si no firmaba, mi hija no quedaba matriculada, es algo que le estaban pidiendo a todos y pese a que no estábamos de acuerdo, tuvimos que aceptar para no quedarnos sin nada porque el trámite de admisión escolar ya es engorroso en sí”.

Al ser consultados sobre la iniciativa, Ricardo Retamal, abogado asesor del establecimiento, detalló que todo está dentro del marco legal, dado que “es parte de un contrato y se basa en la ley y en lo que se propone como proyecto” en el que “cada familia llega a un acuerdo con el colegio” respecto del cuidado de los menores que permanecen al interior de sus dependencias.

Sin embargo, conscientes de la revolución social que vive el país, Retamal aclaró que “es una propuesta de marco de obligaciones que se traspasa de las familias a un colegio sostenedor, la cual están tratando en el Consejo Escolar para que no tenga un sesgo respecto de esta crisis”.

Información respaldada por la tesorera del Centro de Apoderados, María Yesenia Carvajal, quien junto con declarar que “estamos muy de acuerdo con la declaración porque acá nunca se les ha quitado la posibilidad de manifestarse, esto es protección para los niños” agregó que “esto es algo que hemos conversado con los apoderados, enviamos un comunicado y lo estamos reforzando en el proceso de matrícula”.

Trabajo que aunque sea colectivo podría constituir una falta y que según Carolina Salas, abogada de la corporación Dignitas, contravendría la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el que se reconoce el derecho a la opinión y a la expresión, dado que “ellos tienen la posibilidad de manifestarse, dado que son sujetos de derechos” y que, por tanto, “la declaración es vulneradora porque persigue que los niños no ejerzan un derecho a la opinión y establece una consecuencia al solicitar medidas de protección, lo que es casi una amenaza”.

En el mismo sentido, la abogada y especialista en Derecho Educacional, Belén Valenzuela, expresó que “podría tratarse un documento inconstitucional e ilegal dado que atentaría contra la norma en la que se habla del proyecto educativo, contra la norma que señala que es el reglamento interno el que regula las conductas que constituyen falta y más aún, podría atentar contra la libertad de pensamiento, expresión y derecho a manifestarse que tienen los estudiantes, como cualquier persona”.