Otra historia, otra Constitución



Por Fabiola Freire, administradora pública Universidad Central

Chile posee una historia republicana, respetuosa de su institucionalidad y de las leyes que nos rigen. Dentro de esta institucionalidad se encuentra el texto madre de todas las leyes: la Constitución Política de la República. 

Si hacemos memoria, podemos recordar que Chile ha elaborado 11 constituciones desde que declaró ser una república independiente. De esas 11 cartas fundamentales, salvo la Constitución de 1833 redactada bajo el gobierno de Jose Joaquín Prieto (enmarcada en un gran acuerdo político y social), solo la Constitución de 1980, redactada en dictadura militar, ha durado tanto tiempo, 39 años, para ser precisos.

Pero, ¿por qué es tan importante una nueva carta fundamental? Porque la Constitución Política establece no solo los derechos esenciales de los ciudadanos en el territorio nacional, sino que también norma y describe la distribución del poder político de un país, la estructura administrativa de sus instituciones en el territorio y los deberes del Estado para con sus ciudadanos, esto último implica el resguardo de las garantías y derechos que el Estado como institución está obligado a asegurar para todos los habitantes de un territorio.
En resumen, esta es una gran norma que rige a todo el conjunto de leyes de un país y desde donde se formulan las demás leyes dentro de un mismo marco.

Por eso, no es extraño que quienes participan de esta explosión social que demanda cambios estructurales pidan un cambio en esta carta fundamental. Un cambio en la Constitución no solo significa un cambio en la composición del poder y de las estructuras, sino que fija un nuevo margen de acción para la dictación de reformas constitucionales, leyes y políticas públicas que hoy se enmarcan en problemáticas no resueltas en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia; como la reforma al sistema de pensiones, educación de calidad, salud y sistemas de tributación para reducir las desigualdades económicas y sociales de nuestro país.

¿Qué se necesita para cambiarla entonces? La misma Constitución, vigente desde 1980, lo establece en su capítulo XV, artículo 127º: “los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional (…)” agrega además en el mismo apartado que “el proyecto de reforma necesitará, para ser aprobado en cada cámara, el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio”, es decir un acuerdo parlamentario también puede impulsar dicha modificación.

Cambios que, hasta ahora, han sido realizados durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero de manera muy mínima en algunos artículos y párrafos, sin afectar la esencia de la misma.

Lo que exige hoy la ciudadanía es una oportunidad para realizar un cambio completo, estructural, que comience por eliminar ciertas amarras dictatoriales como la existencia de un Tribunal Constitucional o el trato preferente a las Fuerzas Armadas y de Orden en sistemas de salud y pensión y que podría considerar la composición de un sistema electoral que sea más representativo y con más participación vinculante de la ciudadanía.

¿Qué falta? El estado de efervescencia máxima en el que está el país podría ayudar a que el Poder Ejecutivo (puntualmente el Presidente de la República), a través de su facultad, escuche el clamor ciudadano y tenga la voluntad de generar el cambio que puede hacer la diferencia entre un Chile desarrollado y un Chile en crisis. ¡El momento es ahora!


Otra historia, otra Constitución